De ahí que la cuestión central que ha sido soslayada radica en el hecho de que México necesita una segunda expropiación petrolera y un nuevo modelo de desarrollo. Sin embargo, el escenario la víspera de la presentación del proyecto gubernamental de reforma energética elude estos dos puntos fundamentales y tiene sólo tres ofertas limitadas:

1.- El PRI que avaló las reformas neoliberales de Salinas está convencido de que hay que aflojar la presión estatal en energéticos, sin analizar que la privatización por sí misma --es decir: sin regulación eficaz del Estado-- no sirve para generar-distribuir riqueza. Las privatizaciones salinistas sólo beneficiaron a sus compradores.

2.- López Obrador sólo busca capitalizar políticamente el debate en las calles pero sin tener una propuesta coherente e integral y el PRD de Los Chuchos quiere avanzar en la modernización sin tantas restricciones estatales pero con el estatismo atado al cuello.

3.- El PAN propone una reforma que no se atrevió a ofertar cuando estuvo en el poder presidencial y hoy busca de plano privatizar el sector energético sin demasiadas regulaciones estatales para beneficiar la privatización de la riqueza pública.

Lo malo de las tres propuestas es que obedecen a perspectivas aisladas e ignoran el punto central de la crisis mexicana y el tope de 3% de crecimiento económico: el modelo de desarrollo tronó con la devaluación de 1976, se hundió con el caos económico de 1982, no revivió con la breve expropiación bancaria, le apostó todo a la globalización que se colapsó en 2008, dejó de lado los temas centrales de población-bienestar social y ha postergado desde 1973 la reforma del Estado priísta y del proyecto nacional de desarrollo que el PRI abandonó desde 1992.

El debate sobre petróleo se ha centrado en el menor de los problemas: la propiedad de las riquezas del subsuelo, aunque se ha tratado de un debate inútil porque ninguna fuerza política será capaz de revertir el sentido de la expropiación de 1938. El punto central radica en determinar para qué se quiere la propiedad estatal del desarrollo si no existe un proyecto nacional de desarrollo.

En este contexto, las tres propuestas a discusión carecen de una perspectiva histórica, se ajustan a ceder poco para ganar algo y a capitalizar políticamente la inestabilidad de entrarle al tema.

La expropiación de la banca, por ejemplo, le dio al Estado el instrumento de financiamiento del desarrollo pero se hundió en la corrupción y la ineficacia y careció de un proyecto de desarrollo; luego vino la privatización bancaria salinista y el Estado tuvo que usar dinero público para salvar a los bancos de la crisis de 1995. Hoy la actividad bancara se destina sólo a la especulación financiera y no a detonar el desarrollo.

El desafío energético radica en apostarle a una segunda expropiación petrolera para quitarle el petróleo a las rémoras que la dominan: el sindicato, las empresas concesionarias, los contratistas y la burocracia petrolera. Y hasta ahora ninguna de las tres propuestas ofrece alguna salida a la parálisis de la industria petrolera derivada de la acumulación de intereses en la industria.

El punto central de la reforma energética debe girar en torno a la definición de objetivos: para qué sirve la riqueza petrolera, no a quién va a beneficiar. Reformar el sector petrolero sin tener antes un nuevo modelo de desarrollo sería repetir el fracaso salinista de privatizar el Estado sin definir para qué se vendieron las empresas propiedad de la nación.